La condena a 11 años de inhabilitación que el Supremo ha decidido imponer a Baltasar Garzón significa en la práctica el fin de la carrera judicial de este juez. En realidad, tal sentencia entraña mucho más que el apartamiento de un juez incómodo: representa probablemente el mayor escarnio inferido a la justicia en España desde que dejaron de existir los tribunales del régimen fascista del general Franco.
La condena a Garzón es de facto la absolución de la trama Gürtel, y por ende del modo en el que destacados dirigentes del Partido Popular español han venido saqueando los fondos públicos para lucrarse personalmente y en paralelo financiar su partido. En realidad el objetivo de este proceso mediático-judicial no era otro que lograr la invalidación de las escuchas ordenadas por Garzón a fin de probar la íntima conexión en el delito entre los delincuentes encarcelados de modo preventivo y sus abogados, que según el juez instructor eran instrumentos de aquellos en el blanqueo de dinero y fuga de capitales allegados mediante el funcionamiento de la trama corrupta. En resumidas cuentas, el Supremo acaba de legitimar a cualquier mindundi para pedir que se eliminen las pruebas grabadas que le acusen, algo que de hecho ya ha sucedido en el juicio a Francisco Camps por el asunto de los trajes regalados por la trama Gürtel a destacados dirigentes valencianos del PP.
Yendo todavía más allá, a partir de hoy por ejemplo cualquier abogado al servicio de los presos de ETA que haya sido detenido por conspirar con su cliente para transmitirle órdenes de sus superiores terroristas o recabar su opinión sobre cualquier materia, incluida la realización de atentados, secuestros y extorsiones, está legitimado para solicitar la paralización de acciones contra su cliente y contra él mismo, en aplicación estricta de la doctrina presuntamente garantista comentada.
En síntesis, esta sentencia viene a decir al conjunto de la ciudadanía española que la corrupción no se toca, siempre que sea practicada por las personas adecuadas. Y claro, la condena de Garzón es una absolución con todos los pronunciamientos favorables para el principal partido español beneficiario de ella, el PP, y condiciona el desarrollo de las decenas de causas abiertas contra elementos significados de la derecha política española. El Supremo acaba de remachar un clavo de gruesas dimensiones en el ataúd de la democracia parlamentaria, y de dinamitar la poca credibilidad que le quedaba al aparato judicial español.
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