El repago de medicamentos, nuevo paso en la destrucción de la sanidad pública española

Mientras el país entero asiste asombrado al espectáculo de un Borbón pidiendo disculpas por primera vez en tres siglos ("Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir"), el Gobierno derechista continúa clavando rejonazos en las espaldas y las carteras de las clases trabajadoras y populares españolas. Una cosa vaya por la otra, diría un cronista cínico.

Y es que en la sesión de mañana viernes del Consejo de Ministros se aprobará una nueva "reforma" gubernamental de la Sanidad pública, mediante la cual los pensionistas se verán obligados por vez primera a pagar entre el 10% y el 20% de los medicamentos que tomen, mientras a los asalariados activos nos cobrarán entre el 50% y el 60%. El repago de los medicamentos deja fuera a los ancianos con pensiones de hambre y a los parados de larga duración que no perciban ninguna clase de ingresos, comentan muy ufanos de su "sensibilidad social" los portavoces gubernamentales; pues solo faltaría, que también pretendieran cobrarles otra vez a quienes ya pagaron con creces cuando eran trabajadores por cuenta ajena y ahora no tienen donde caerse muertos. 

En Catalunya, donde como es sabido la derecha autóctona es aún más avanzada en cuestiones de "sensibilidad social",  los responsables políticos de la sanidad pública están planteando que el enfermo internado en un hospital de la red pública se pague directamente la comida, el pijama y hasta la electricidad que consuma durante su estancia, ya que en palabras de uno de estos cabritos "todo esos gastos no están directamente relacionados con la atención médica". Como verán esto ya no es el repago de servicios sanitarios, sino directamente el robo a mano armada por parte de una pandilla de granujas con traje y corbata.

Esta misma semana el Parlament de Catalunya ha acordado con los votos de todos los grupos parlamentarios salvo el que gobierna en esta Comunidad, CiU, que la Generalitat catalana destine mil setecientos millones de euros a hospitales públicos. Enseguida le faltó tiempo al portavoz del gobierno nacionalista de derechas, Francesc Homs, para declarar que el gobierno catalán hará oídos sordos a la resolución parlamentaria contraria a sus políticas de recortes sociales, usando para ello una frase digna de la antología de la arrogancia política autoritaria: "El Parlament votará lo que quiera, pero nosotros haremos lo que tenemos que hacer". Así que al desprecio tradicional de los nacionalistas catalanes de derechas por las clases trabajadoras y populares se suma ahora el ninguneo de sus presuntamente queridas "instituciones nacionales catalanas" cuando éstas no actúan según sus intereses, y desde luego el pisoteo flagrante de la soberanía popular catalana encarnada por el Parlament y a la que tanto suelen apelar cuando se trata de enfrentarse a "Madrid" en defensa de sus particulares intereses ideológicos o económicos.

Los catalanes tomamos nota de que a CiU, las resoluciones del Parlament de Catalunya le importan una mierda cuando son contrarias  a sus políticas antisociales. Más que nada, para que cuando planteen su famoso referéndum de autodeterminación y pretendan impulsarlo desde el órgano de soberanía popular, pagarles con la misma moneda.