Barcelona, camino del Estado policial

La conselleria de Interior de la Generalitat de Catalunya que dirige el inefable Felip Puig, acaba de poner en marcha una página web en la que se puede delatar, se supone que previa identificación del informante, personas concretas a las que se atribuya el haber participado en actos de violencia callejera. La web se ha inaugurado con sesenta y pico fotografías de individuos supuestamente implicados en los incidentes que intentaron acallar la manifestación de masas celebrada en Barcelona con motivo de la jornada de huelga general, celebrada el pasado 29 de marzo.

De inmediato han surgido voces discrepantes, y no solopor parte de los afectados. El Colegio de Abogados de Barcelona acaba de manifestar que dicha iniciativa vulnera el derecho a la imagen y el honor de las personas cuyas fotos se exhiben en la web, y Jueces para la Democracia dice que "roza la inconstitucionalidad". Y es que eso de colgar fotografías de personas en una web policial por las buenas, obviamente sin la autorización de los afectados ni garantía alguna de que realmente esas imágenes correspondan a lo que dicen corresponder, amén de presuponer conductas delictivas cuya calificación en todo caso corresponde a un juez y nunca a cualquier otro aparato del Estado, viene a "recortar" derechos muy básicos de todos los ciudadanos, incluidos aquellos cuyas conductas deben ser corregidas por la vía judicial.

Demasiado entusiasmo político-policial, en suma. Un despliegue de celo en la Red que lamentablemente no tiene correspondencia en lo que hace a la persecución de ciberterroristas de extrema derecha. Doy fe de algún caso en el que a pesar de haberse presentado dos denuncias documentadas ante los Mossos d'Esquadra, el ciberterrorista en cuestión ha seguido tan campante sus actividades de acoso en Internet. Como me explicó un reputado abogado de Barcelona, en estos casos tanto la policía como el aparato judicial se inhiben por sistema; no les cuento el consejo que me dio acerca de cómo resolver el asunto por cuenta propia, porque quien lo llevara a cabo incurriría en un grave delito.

Y en fin, en paralelo al nuevo avance hacia el Estado policial selectivo relatado más arriba, acaban de ser detenidos en Barcelona la secretaria de Organización de CGT y dos sindicalistas de UGT de Seat, a los que se acusa de participar en actos violentos esa misma jornada. Ya tenemos en marcha pues la criminalización de los sindicatos, que en definitiva es de lo que se trata. A Laura Gómez, la dirigente de CGT, la han detenido por quemar una caja de cartón conteniendo billetes de banco falsos frente a la Bolsa de Barcelona, en una acción de protesta pacífica y simbólica, hecha a cara descubierta. La cosa terminó en una pequeña hoguera ante la puerta del edificio que aloja la Bolsa, cerrada a cal y canto durante la acción. Los "desperfectos" ocasionados fueron mínimos, y en todo caso constituyen una falta que quizá podría sancionarse con una multa de la Guardia Urbana. Pues bien y aunque parezca un disparate, Laura Gómez se enfrenta a acusaciones de "delitos de desórdenes públicos y coacciones, y al relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas", por los que puede ser condenada a penas que pueden suponerle años de prisión. Se ve que afear a la Bolsa su condición de centro de reunión de trileros a lo grande se ha convertido en delito, en vez de serlo el tomar parte en las maniobras especulativas destructoras de la economía productiva generadas desde ella.  

Para reforzar el tema de la "seguridad ciudadana" , el señor Puig nos promete un despliegue de cámaras en la calle que seguramente dejará en nada al Big Brother de George Orwell y hasta al Gran Hermano televisivo de Merceditas Milá. Y es que el señor Puig vive obsesionado con nuestra seguridad; bueno, con nuestra seguridad y con la autodeterminación de Catalunya, que aunque a primera vista no se encuentre mayor relación entre las dos alguna debe haber, si ambas preocupaciones coinciden en la mente privilegiada de un político como el señor Felip Puig. 

A remolque de todas estas medidas va el señor Jorge Fernández Díaz, el señor del Opus que dirige el ministerio del Interior español y al que no es difícil de imaginar verde de envidia ante tal despliegue de seguridad ciudadana. El señor Fernández Díaz ya ha anunciado su apoyo total a las medidas restrictivas que aplicará su homólogo catalán con motivo de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) en Barcelona, y aceptado la propuesta de suspender unilateralmente el Acuerdo de Schengen (libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea) en las fronteras españolas durante los días de preparación y desarrollo del evento. 

Ocurre que según decía Josep Ramoneda en la SER hace unos días, el BCE suele reunirse dos o tres veces por año en distintas ciudades europeas, y hasta ahora nunca se habían tomado medidas de ese calibre con motivo de tal evento; tanto es así que en la última reunión celebrada en Alemania, el número de policías movilizados fue tres veces inferior al que ahora se desplegará en Barcelona.

Son cosas de la seguridad ciudadana, ya ven.

En la fotografía que ilustra el post, el "incendio" provocado por laura Gómez y sus acompañantes ante la Bolsa de Barcelona.