Los desahucios son un crimen

La semana pasada un hombre se suicidó en Granada horas antes de que representantes del juzgado y la policía se presentaran en su casa para ejecutar el desahucio de la vivienda. El mismo día oigo en la radio que desde 2008 ya son 350.000 las viviendas de las que se ha desahuciado a sus propietarios en España. y que en en 2012 se viene ejecutando un promedio de 500 desahucios diarios. 

  

Ayer mismo un portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se quejaba a los medios de comunicación de que los bancos "han convertido los juzgados en sus oficinas de recaudación", y que los asuntos de las entidades financieras están colapsando la administración de justicia. Todo ello respondería además a "movimientos especulativos", según los jueces y fiscales agrupados en la APM. Pues si hasta una organización tan reaccionaria como la APM protesta contra los desahucios y sus responsables, la entidades bancarias, es que este indecente asunto ha rebasado ya los límites de lo soportable. 

Creo haberles contado ya la escena que presencié en mi barrio hace unos meses, cuando un anciano que caminaba por la calle al pasar frente a la oficina de una caja de ahorros se giró hacia ella y lanzó un sonoro: "¡hijos de puta!". Me pareció entonces y sigo pensando que el insulto no iba dirigido de modo directo al personal de aquella oficina determinada y quizá ni siquiera a la caja de ahorros concreta, sino que apuntaba a todo el sistema financiero y bancario que nos ha abocado a este pozo negro por causa de la gigantesca estafa social más que ecónomica que padecemos, estafa en la que bancos y cajas han convertido su propia existencia desde los años del dinero loco y la diarrea de ladrillo.

Es cierto que desde que existen, bancos y cajas han parasitado los escasos ahorros producidos por las rentas del trabajo. Pero ahora se han convertido en un cáncer avanzado, al que hay que extirpar con urgencia del cuerpo social. La solución no es obviamente favorecer la metástasis engordando delincuentes con el dinero de todos, sino sajar de una vez el tumor: convertir en servicio público lo que hoy no es más que un sucio negocio especulativo en manos de sinvergüenzas sin escrúpulos.

El Estado tiene la obligación de tomar la iniciativa antes de perecer él también entre las ruinas de lo que de seguir así, ineleluctablemente vendrá dentro de poco. Porque lo que está claro es que esta situación no va a poder prolongarse indefinidamente, sin que se produzca un estallido social que se lleve por delante cuanto encuentre en su camino.