Resulta que el famoso borrador policial sobre la (presunta, eh) corrupción en el Olimpo de la derecha nacionalista catalana -las familias de Jordi Pujol y Artur Mas- no se encuentra por ninguna parte pero existir existe, según EL PERIÓDICO DE CATALUNYA de hoy. Dice el diario barcelonés que el borrador de marras "se basa en gran parte en cuatro informes policiales presentados al juez en el 2011 y el 2012, según fuentes policiales".
La cosa tiene miga. Según EL PERIÓDICO, "El
primero de los informes entregados al juez tiene fecha de 29 de
noviembre del 2011 y los otros son del 1 de febrero, el 20 de abril y
el 24 de mayo del 2012, según las fuentes. Interior cree que el borrador
se ha elaborado a partir de datos de la investigación
procedentes de "diversos documentos", algunos de los cuales son
"informes judicializados", manuscritos, anónimos, documentos de la
Agencia Tributaria e informaciones que circulan en la red". Bien. El caso es que al señor juez la policía española le entregó cuatro informes
que al parecer su señoría ha olvidado haber recibido, porque hasta la
fecha no ha hecho el menor uso de ellos. Que en la confección del borrador hayan entrado esos informes y otros documentos, es ahora lo de menos. La pregunta es ¿dónde están esos cuatro informes entregados por la policía española al juez y qué dicen exactamente?
Ocurre que según publicaba el mismo diario el viernes pasado, día 16 de los corrientes, "El juez instructor del 'caso Palau' niega haber encargado un informe sobre supuestas cuentas del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el expresidente Jordi Pujol en Suiza vinculadas a la trama, tal y como publica 'El Mundo'. El magistrado afirma que "al juzgado no le consta" que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) "esté llevando a cabo ninguna nueva investigación" sobre el caso". En resumidas cuentas, el señor juez está afirmando no haber recibido ninguna información de la policía española sobre el caso...cuando la UDEF da cuatro fechas precisas en las que se le entregaron informes. ¿Sorprendente, verdad?.
Bueno, quizá un poco menos soprendente si tenemos en cuenta que desde hace años los ciudadanos asistimos impotentes a la extraordinaria lentitud en la instrucción judicial del caso Palau .Y no crean que esta es una apreciación personal. Persona tan poco sospechosa como la ex juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, recibió una sanción del Consejo General del Poder Judicial en junio de 2011 precisamente por criticar que la instrucción del caso Palau "no era ni buena ni habitual", declaraciones efectuadas en octubre de 2009, según nota de Europa Press publicada el 20 de junio de 2011. El juez criticado entonces fue cambiado posteriomente, pero más o menos seguimos en las mismas.
Un artículo de Francesc Valls en la edición catalana de EL PAIS publicado el 22 de julio de 2012, va más allá en este feo asunto. El título del artículo y el subtítulo ya impactan: "Esencias y corrupción del caso Palau. En la Cataluña del pacto fiscal, hay quien ve una maniobra conspiratoria en la fianza a CDC por el "caso Palau". Y sigue: "Ya han pasado tres años desde que los Mossos d’Esquadra revolvieron el
armario de los patricios catalanes con su irrupción en el Palau de la
Música. El 23 de julio de 2009, las cámaras dispuestas ante el edificio
de Domènech i Montaner captaron cómo, tras nueve horas de registro,
Fèlix Millet, el alma de la estafa, abandonaba el edificio en su
Mercedes 600 por la puerta de atrás. Tres años después, el saqueador
confeso del Palau sigue en libertad y continúa frecuentando sin rubor
sus habituales restaurantes de la zona alta de Barcelona".A eso se le llama impunidad manifiesta.
Y es que a pesar de la fianza de 3,2 millones de euros puesta por el nuevo juez instructor a CDC como "partícipe lucrativo" de la monumental estafa, nadie se cree en Barcelona que el asunto llegue a buen puerto. Más que nada, por los precedentes existentes. Explica EL PAIS a continuación que en el caso Palau han aparecido "facturas mendaces, expresión que
curiosamente ya fue empleada a finales de la década de 1990 en el caso Casinos.
Entonces un juez consideró que traspasar 3.000 millones de pesetas de
Casinos de Cataluña a CDC no era un hecho delictivo, porque no atentaba
contra “el interés social”.
O sea que no solo Francisco Camps, el expresidente valenciano, tiene "amiguitos del alma" en la judicatura. En realidad, ya hubiera querido Camps tener montado a su servicio en Valencia un tinglado judicial comparable al que ha tenido, y al parecer sigue teniendo, el pujolismo político, económico y social en Catalunya.
En la fotografía que ilustra el post, agentes de los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana, salen del Palau de la Música Catalana en 2009 portando cajas de documentación requisada.
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