Estrasburgo dice no al secuestro de presos en España

Desde el Código de Hammurabi, allá por los albores de la civilización sumeria, unos dos mil años antes de nuestra era, las leyes se han caracterizado por respetar unos mínimos que además de legales, las hacen legítimas. Y es que legales eran, sí, las leyes raciales de Nuremberg promulgadas por el régimen nazi alemán, por ejemplo, pero su misma naturaleza racista y genocida las hacía ilegítimas y por tanto, rechazables y combatibles incluso con las armas en la mano.

 

En cristiano y abreviando: hay leyes que, aunque hayan sido publicadas en el BOE, no dejan de ser aberraciones si su contenido político y social es aberrante, por impecable que sea su factura jurídica.  

 

El caso es que a principios de la década pasada legisladores y políticos cayeron en la cuenta de un hecho incontrovertible: los presos de ETA, al hacer uso de los beneficios penitenciarios, salían a la calle mucho antes de ver cumplidas sus condenas a cientos o miles de años. Las sentencias se dictaban naturalmente según el ordenamiento legal, y en proporción al recuento de los crímenes probados cometidos por el individuo juzgado.

 

Pero resulta que según rezaba la ley española hasta la reforma de 2005, nadie podía pasar en la cárcel más de 30 años seguidos, lo cual dicho sea de paso es sumamente razonable y habla del buen talante de quienes en su momento se opusieron a que en el ordenamiento jurídico de la democracia española, entonces naciente, se incluyeran tanto la pena de muerte como las condenas a cadena perpetua irredimible, dos figuras penales propias de sociedades que viven en la barbarie y la miseria moral por ricas y avanzadas que sean. Así que ya de entrada, el que un etarra o cualquier otro reo sea condenado a 400 años de cárcel suena incluso un poco tonto; es obvio que no los cumplirá, y yo diría incluso que es bueno que así sea. En realidad las sentencias deberían tener en cuenta ese techo máximo de tiempo que realmente pasará en prisión el reo. Si el techo máximo son 30 años, o 40, ninguna sentencia debería condenar a más años de los que establece como límite el Código Penal.

 

Claro que aquí viene la segunda parte. Muchas personas y no solo políticos y legisladores tenían y tienen (tenemos) la sensación de tomadura de pelo cuando se sabe que ese mismo delincuente convicto condenado a 400 años de cárcel en realidad no cumplirá ni los 30 del techo máximo establecido gracias a los beneficios penitenciarios, que en la mayoría de los casos son aplicados al poco tiempo de estar en la cárcel y que disminuyen  el tiempo de condena no restando del conjunto de años al que fue sentenciado el preso en su día, sino descontando del techo máximo de tiempo que puede pasar en prisión. 

 

Entendámonos, en un sistema que busca la redención a través de la pena y no la venganza salvaje de los agraviados por el reo, los beneficios penitenciarios para todos los presos son un concepto irrenunciable; su tipo y gradación en cada caso, debería ser otra cosa. Como decía antes, nadie debería ser condenado a más años de los que realmente señala el Código legal como límite de tiempo efectivo a pasar entre rejas, pero es obvio que entonces el descuento de días por beneficios penitenciarios debería guiarse de modo distinto en el caso de quien mató a otra persona en un homicidio imprudente, por ejemplo, del caso de quien asesinó a 50 mediante un coche bomba indiscriminado.

 

Todo esto viene a cuento del ridículo mundial que acaba de hacer el Gobierno español actual y también su antecesor por causa de la siniestra "doctrina Parot" (una verdadera estafa jurídica, pura prevaricación de jueces y legisladores), que aplican en casos especiales los tribunales españoles y que permite retener en prisión a alguien que debería haber sido puesto en libertad en el momento en que se agotó su período máximo de estancia en la cárcel. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acaba de condenar severamente al Estado español por el caso de la etarra Inés del Río, cuya condena venció hace cinco años y a pesar de ello sigue en la cárcel en aplicación de la doctrina Parot. Era evidente que los presos etarras se acogían a beneficios penitenciarios a veces diseñados a medida (cursos de euskera por correspondencia sin exámenes, inscripción en carreras universitarias de determinadas universidades bajo la tutela de determinados profesores etc), y que algo debía hacerse para remediar esa situación, pero de ahí a secuestrar a esas personas media un abismo. La palabra es dura, pero real: secuestro. Y es que España entera es un Guantánamo en el cual hay gentes que han finalizado el pago de su deuda social, y sin embargo no se les permite salir a la calle.

 

Lo más terrible del caso es que para mejor manipular  a la opinión pública, se mete en el mismo paquete de la doctrina Parot a los etarras más sanguinarios y a presos sociales como violadores, asesinos reincidentes, etc. Una vez más, como en el espectáculo de Els Joglars (1977) sobre la ejecución de Heinz Chez, el desgraciado al que dieron garrote junto a Salvador Puig Antich para así justificar el carácter de "criminal común" de Puig Antich,  estamos ante una verdadera "torna", el añadido que se suma para hacer más digerible el crimen de Estado: se usa a los presos sociales para intentar disimular el carácter de represalia estricta de una política penitenciaria que lejos de resultar socialmente curativa, deviene en abyecta y planificada venganza. Peor todavía, se lanza a la calle a los voceros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, esos profesionales del dolor que ejercitan su oficio por cuenta ajena, al modo de las antiguas plañideras, para que refuercen la posición de la gentuza que nos desgobierna y que ya amenaza poco veladamente con pasarse por el arco del triunfo la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

 

Entiendan por favor, que esta no es una batalla a favor de los presos de ETA, sino de los derechos humanos más elementales de todos nosotros, de todos aquellos a los que un Gobierno cuyos principios rectores se hunden en la tradición del más rancio fascismo español, puede cualquier día acabar metiendo entre rejas por ser individuos "antisistema", "asociales" o simplemente por no ir a misa, como sucedía en los tiempos de Franco. Lo menos que merece un convicto es saber de entrada cuanto tiempo real pasará en prisión.

 

En la imagen que ilustra el post, representación de La torna, de Els Joglars.

Superman es en realidad un castrado mental

El tipo de la fotografía no es Superman, aunque en su infantilismo mental imite el gesto del superhéroe de ficción. También él es un personaje casi de ficción, pero a diferencia de Superman carece de toda credibilidad como héroe. En realidad, el tipo de la foto es un pobre diablo agobiado por el narcisismo y una vida fracasada, que ha tenido que rumiar la manera de salir en las noticias de televisión de todo el mundo como modo de reparar un ego herido desde la infancia por la indiferencia general hacia su persona.

El tipo de la foto se llama Anders Breivik, tiene 33 inútiles años de edad, y un tribunal noruego acaba de condenarle a 21 años de cárcel por asesinar a 77 personas entre Oslo y la isla de Ultoya el verano pasado. Lo hizo según él para reivindicar la superioridad de la raza blanca y dar una "llamada de atención" ante la presunta invasión del Edén europeo por las que considera razas inferiores. ¿Les suena la letra? Seguro que sí. Corresponde a la ideología nazi, la que el mamarracho de la fotografía dice profesar desde hace años. Aunque al parecer leer sus parrafadas en Internet le resultaría indigesto incluso a Joseph Goebbels, dado lo indocumentado y confuso de las llamémosles opiniones que expresa el zoquete rubiales. 

La duda con este Superman de pega estaba al parecer entre si le declaraban loco y lo encerraban de por vida en un psiquiátrico, o cuerdo, como finalmente ha sido encontrado,  y en ese caso le correspondía la mayor pena de cárcel en Noruega, 21 años de reclusión. Es decir, Andreas Breivik estará de nuevo en la calle cuando tenga 54 años; tendrá por delante pues dos o tres décadas para intentar hazañas semejantes a la del año pasado. Habría que intentar evitarlo. 

Y aquí es donde se plantea la duda, sobre todo a quienes somos contrarios a la pena de muerte: ¿Qué hacer con esta alimaña?. Lo que pide el cuerpo es naturalmente colgarlo lo antes posible de una horca, como se hizo con sus admirados mentores ideológicos en Nuremberg, o pedirle a sus compañeros de prisión que le corten el cuello en cuanto tengan ocasión. También hay el método que aplicó el Ejército Rojo tras liberar el campo de exterminio de Auschwitz: encerrar maniatados a los miembros de las SS capturados tras las alambradas del campo, dejándolos a merced de los supervivientes armados con palos y hierros; la isla de Ultoya sería un buen lugar para repetirlo, el asesino tendría las mismas posibilidades de escapar que él ofreció a sus víctimas. De todos modos, cualquiera de ellas son muertes que seguramente Breivik ansía: una muerte que le libere de su inanidad y le convierta en mártir del nazismo europeo. No merece ese regalo, por tanto.

Anders Breivik es un nazi de pacotilla, un castrado mental asustado por un mundo que no entiende y que prescindió de él hace muchos años. La muerte que merece debe dársela él mismo, cuando se convenza de que tras su desaparición la Tierra seguirá girando y el sol saliendo cada día tras el horizonte. El verdadero castigo de Breivik llegará cuando se de cuenta de que su "sacrificio" no ha servido absolutamente para nada. Espero que cuando llegue ese día él mismo se cuelgue de una soga lo más recia posible, en la cárcel o donde quiere que esté entonces.

El Gobierno español sí negocia con terroristas

Está en todos los medios informativos del mundo mundial, salvo naturalmente en los españoles de obediencia perruna al Partido Popular: la liberación de los dos cooperantes españoles le ha costado al Gobierno Rajoy 30 millones de euros y la excarcelación de varios terroristas islamistas, liberados en Mauritania y con toda seguridad también en España.

¿Recuerdan cuando ayer como quien dice el PP blasfemaba en arameo porque el Gobierno de Zapatero negociaba con terroristas?  En un artículo de Público del 23 de octubre de 2009, la hoy vicepresidenta del gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, recurría una vez más al terrorismo verbal para arremeter contra el modo en que el gobierno de entonces llevaba la negociación para liberar a los marineros del Alakrana, retenidos por piratas somalíes.  

En aquella ocasión le dio respuesta Jesús Cuadrado, portavoz socialista de Defensa. Decía Público que "según el diputado, a nadie en toda Europa "menos al PP" se le ocurriría pedir explicaciones a su Gobierno sobre una negociación en curso ni utilizar la "precupación" de todos los españoles para sacar réditos políticos. "Es la hora del Gobierno. Un minuto después de la liberación podremos discutir sobre qué se hizo bien y qué mal, pero ahora no", censuró Cuadrado. Pero claro, entonces todo valía con tal de acelerar el desgaste del Gobierno del PSOE, incluso poner en riesgo la vida de unos rehenes.

Ahora, el PP negocia, pacta y compra  a un grupo terrorista organizado la libertad de ciudadanos españoles detenidos en el extranjero. ¿De dónde ha salido el dinero? ¿quiénes son los intermediarios de esas operaciones? ¿en qué bancos se depositan las cantidades acordadas? ¿quiénes reciben comisiones por su intermediación? ¿qué acuerdos de futuro se han firmado entre las partes?

Los que tengan ya algunos años recordarán el famoso asunto de los "fondos reservados", por los que varios altos cargos del gobierno de Felipe González fueron procesados allá en los años noventa. Naturalmente esta clase de pagos que estamos comentando se hacen siempre con fondos reservados, que como decía el general Saénz de Santamaría (nada que ver a pesar de la coincidencia de apellidos con la tontiloca que hoy escarnece la vicepresidencia del Gobierno con su sola presencia) "no pagan IVA y no se declaran a Hacienda". Eran otros tiempos, claro. Hoy los fondos reservados lo mismo sostienen periódicos afines arruinados que compran terroristas islamistas, y aquí paz y después gloria.

El PSOE sigue empeñado en que el "sentido de Estao" justifica la no denuncia de estas situaciones no ya al modo salvajemente demagógico en que el PP las usó contra ellos en el pasado, sino ni siquiera como contribución al imperio de la decencia en la política. El Gobierno de Rajoy podrá seguir negociando con y pagando tranquilamente terroristas islamistas o lo que le plazca, que aquí nadie va a chistar políticamente. Y luego hay quien se extraña de que la calle reviente de indignación contra la política oficial en este país.

En la fotografía que ilustra el post, terroristas del grupo islamista beneficiado con el dinero del rescate recién pagado por el Gobierno español.